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Jueves, 19 Octubre 2017 14:44

Jornada de Indignación - Ministerio de Agricultura Destacado

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JORNADA DE INDIGNACIÓN

A pesar de los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón; del Cese Bilateral Temporal entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, y de un supuesto avance de la paz y la democracia, las agresiones contra la población civil, los líderes sociales y las comunidades humildes de Colombia se incrementan.

El silencio de los medios masivos y el cinismo de las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa y los organismos de control justifican con su actitud y sus declaraciones la muerte, la criminalización y judicialización de la protesta social y ocultan el avance del paramilitarismo en todo el país.

 

En lo corrido de 2017 las agresiones al movimiento social y popular van en aumento, además de atentados, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones; los asesinatos suman 83  líderes  y lideresas sociales en todo el territorio nacional, destacándose el Suroccidente del país, y los departamentos de Cauca, Antioquia y Cesar, en donde la violencia y la connivencia de las autoridades estatales con los grupos paramilitares es evidente.

 

El caso más reciente de Terrorismo de Estado es la Masacre de Tumaco, en donde sobrevivientes y testigos han manifestado que se trató de una agresión directa donde la fuerza pública abrió fuego contra los manifestantes y, posteriormente, contra una comisión internacional de DDHH en donde se destacaba la presencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp OEA). De igual manera, se presentó la agresión contra el pueblo Kokonuco, del Cauca, movilizado por el derecho a la tierra y en medio de la protesta el asesinato de la indígena y comunicadora social Efigenia Vásquez a manos de la fuerza pública.

 

Sin embargo, ante la denuncia y protesta por estos crímenes, la respuesta es el asesinato el día 17 de octubre de 2017, del líder afro Jair Cortés en el casco urbano de Tumaco. Claramente no se ve voluntad política de las autoridades competentes a fin de investigar de fondo lo sucedido que conlleve a la individualización y judicialización  de los autores materiales  e intelectuales.

 

Han sido repetitivas las dinámicas de denuncia y movilización a nivel nacional donde el gobierno ha hecho compromisos con diferentes sectores de detener no solo la ola de asesinatos, sino de resolver los graves problemas económicos y sociales de las comunidades sin que a la fecha hayan cumplido los acuerdos y las promesas; en especial aquellos acuerdos derivados de las negociaciones con las insurgencias y con los procesos sociales. 

 

Por lo anterior consideramos:

 

Respecto al territorio y territorialidad, es urgente el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos y de sus dinámicas de ordenamiento alternativo territorial como por ejemplo: los territorios campesinos agroalimentarios; de igual manera los pueblos negros e indígenas reclaman la ampliación y legalización de los territorios ancestrales en las diferentes regiones del país, bajo los principios de protección de la vida y del territorio del saqueo de los bienes comunes. Como parte de la defensa y protección del territorio es necesario el reconocimiento jurídico de las guardias campesinas, indígenas y cimarronas.

Solicitudes:

1.       Cumplimiento de acuerdos derivados de las movilizaciones regionales y sectoriales y firmados por el Gobierno Nacional con el Movimiento Social y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. 

2.       Implementación de acuerdos firmados con las insurgencias, aplicables a la población civil y sus comunidades en los territorios.

3.       Dar inicio al trámite del decreto que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos y de los territorios campesinos agroalimentarios, como una forma de ordenamiento territorial alternativo.

4.       Garantizar espacios y dinámicas de participación del Movimiento Social y la integridad física de sus líderes, en la Mesa de Negociaciones establecida entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional.

5.       Detener de inmediato las agresiones al Movimiento Social y a cada una de sus expresiones territoriales y sectoriales.

6.       A la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría desarrollar investigaciones contundentes que permitan castigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones denunciadas, convirtiéndose en acciones preventivas.

7.       Al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección desarrollar en implementar medidas integrales tanto individuales como colectivas con el ánimo de prevenir atentados contra los integrantes de nuestros procesos organizativos.

 

 

Coordinador Nacional Agrario

Congreso de los Pueblos

Proceso de Comunidades Negras

Poder y Unidad Popular-Petrolero

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca

Movimiento Ríos Vivos

Comité de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar

 

19 de octubre de 2017

Visto 290 veces Modificado por última vez en Jueves, 19 Octubre 2017 16:31

Medios

https://drive.google.com/open?id=0BwNmzQrrUEVbOFJ6Ujd4VlpJZTQ

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