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Miércoles, 11 Mayo 2016 04:57

Avanza el caso contra los 13 jóvenes perseguidos por la justicia en Bogotá Destacado

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Tras realizarse la Audiencia de formulación de acusación contra los 13 jóvenes, líderes y lideresas sociales y estudiantiles, involucrados falsamente el año pasado en la colocación de unos petardos en distintos puntos de Bogotá, quedó fijada la fecha para la Audiencia Preparatoria del Juicio.

 

El caso tuvo alto impacto político y mediático porque el presidente Santos asoció las detenciones a un golpe contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tras la demostración de irregularidades que afectaron el debido proceso y el derecho a la defensa, el 11 de septiembre de 2015 fueron puestos en libertad, aunque quedaron asociados a la investigación, ya no por supuestas vinculaciones con la insurgencia sino por una protesta estudiantil en la Universidad Nacional que derivó en represión y enfrentamientos con la policía.

Desde entonces, una serie de audiencias fallidas dilataron las definiciones, y la situación de los jóvenes pareció quedar en un limbo. El 1 de diciembre pasado, la jueza Irma Francisca Cifuentes Prieto, cuestionada por la defensa de los y las jóvenes por “prejuzgamiento”, dejó el caso, lo que modificó el destino de la causa. Desde entonces no hubo mayores novedades hasta el jueves 21 de abril, cuando se fijó fecha para la Audiencia Preparatoria del Juicio.
 
1 y 2 de agosto

La Audiencia de Acusación estaba prevista para extenderse por dos jornadas, pero agotó su agenda el jueves 21 de abril. Allí la Fiscalía revisó el contenido de su escrito tal cual había sido presentado meses atrás, sin aportar modificaciones, y de esta manera quedó formalizada la acusación.

El siguiente paso será la realización de la Audiencia Preparatoria del Juicio, donde se establecerán las bases de la acusación y las defensas. Las fechas fijadas para que eso suceda son los días 1 y 2 de agosto.

Otra instancia que deberá realizarse y aún no tiene fecha es una nueva Audiencia de Medida de Aseguramiento, en las que un juez de segunda instancia deberá definir si impone la detención intramural a los jóvenes judicializados o habilita que puedan seguir cursando el proceso en libertad, como sucede en la actualidad desde que el 11 de septiembre salieron de prisión.

Falsos Positivos Judiciales para reprimir la movilización social

La situación de “los 13” es parte de los tantos casos que ponen en cuestión el accionar de la Justicia contra líderes y lideresas del movimiento social. La repercusión nacional que tuvo generó un rechazo unánime de parte de los organismos de derechos humanos, sectores sociales, políticos, académicos y religiosos que caracterizaron el hecho como un “Falso Positivo Judicial”.

Alberto Castilla, senador del Polo Democrático Alternativo – PDA – y referente del movimiento campesino, al momento de las detenciones las vinculó a la persecución al conjunto las protestas sociales: “Junto a la Cumbre Agraria venimos denunciando la sistemática persecución al movimiento social colombiano, que se reactiva en contextos como éste”, explicó, y exigió “garantías al Gobierno Nacional”.

Solidaridad

Después de las primeras y graves denuncias públicas que se demostraron inconsistentes, el presidente Juan Manuel Santos no volvió a referirse al caso, que quedó recluido a las audiencias y dilaciones del proceso judicial. Mientras los jóvenes estuvieron privados de su libertad, la movilización social, las denuncias y las campañas por su libertad, en Colombia y en el exterior, fueron muy potentes. La intensidad de las protestas mermó cuando la totalidad de las y los detenidos recuperaron su libertad en el mes de septiembre de 2015. Sin embargo, la amenaza aún latente de que la situación jurídica pudiera complicarse a partir del juicio, mantiene alerta al conjunto del movimiento social. A esto se le suma el hecho de que el aparato paramilitar continúa amenazando y atacando a sus líderes y lideresas, lo que representa para estos jóvenes, sus familias y procesos, un peligro inmanente.

Desde la Campaña Somos Dignidad tomamos este caso, junto al de otros referentes del movimiento social y del pensamiento crítico injustamente perseguidos, como el profesor Miguel Ángel Beltrán, el líder indígena Feliciano Valencia, las y los estudiantes del caso Lebrija y las recientes detenciones de 4 estudiantes de la Universidad de Antioquia, entre otros casos de persecución y agresión políticas, como banderas de lucha para que se cumplan las garantías procesales, se respeten los derechos de los líderes y lideresas sociales perseguidos por la Justicia y se logre su definitiva y pronta liberación. Exigimos que cesen las agresiones permanentes por parte del paramilitarismo que han cobrado la vida de muchos hombres y mujeres constructores de paz en lo corrido del año, así como los pasados atentados contra Imelda Daza, lideresa de la Unión Patriótica, casos recientes que confirman que las estructuras paramilitares siguen vigentes y fortaleciéndose en las regiones, constituyendo un claro obstáculo para la construcción de paz y la democracia en el país.

10 de mayo de 2016
¡Somos Dignidad!
Campaña permanente contra la persecución al movimiento social

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