Presos y Presas Políticas
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Miércoles, 26 Abril 2017 16:12

REFLEXIONES PARA CONVOCAR LA MARCHA POR EL DERECHO A LA IGUALDAD ¡El 29 de abril a las 7:00 desde los Juzgados de Paloquemao! Destacado

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Las y los presos del país, sus familiares, amigos y organizaciones populares, se han dado cita el 29 de abril, a las 7:00 am, en las instalaciones de Paloquemao (Bogotá), para marchar por el derecho a la igualdad. El Equipo Jurídico Pueblos se une a la iniciativa y hace un llamado extenso a respaldar esta y toda acción de movilización y reflexión sobre la política criminal en Colombia y sus implicaciones.



La realidad de las cárceles colombianas es más que dramática y es el producto de políticas estatales deshumanizantes, que se perpetúan con el silencio y la indolencia, que ha sabido permear distintos sectores de la sociedad.

Mientras cientos de miles de seres humanos son humillados y sometidos a la pena de muerte de facto en las prisiones; ante la opinión pública se infunden temores que legitiman el hiper-encarcelamiento de la población, condensados en lo que denominan “seguridad ciudadana”. Muy poco se habla de los estudios que reflejan no sólo las nefastas consecuencias sociales de la degradación que a diario se vive tras las rejas, y menos aún de la real eficacia del derecho penal para dar respuesta a verdaderas problemáticas sociales que sólo se profundizan con la cárcel. Los esfuerzos estatales para prevenir las causas del delito –buena parte de ellas producto de la inequidad, exclusión y el descontento social– son, por decir lo menos, exiguos.

¡¡Es sin duda criminal, la política criminal en Colombia!!. Pues no de otra forma puede calificarse la penalización de la pobreza; la persecución al movimiento social; la falta de garantías judiciales que llevan a inocentes a purgar altas dosis de cárcel; el desconocimiento de la persona que se ve avocada a delinquir, así como de sus motivos; el sometimiento a la tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes que a diario se vive tras los muros, bajo la excusa de garantizar la seguridad y el orden interno; el extrañamiento; la desintegración de núcleos familiares y sociales; la sistemática negación de derechos humanos básicos como la salud, la educación, el trabajo y la vida de las y los presos. Es sin duda criminal, toda política que se funda en el peligrosismo y la estigmatización y a la vez omite garantizar las condiciones de vida digna de la población colombiana, con lo cual seguramente se prevendrían los delitos de hambre.  Es criminal la política que omite perseguir la delincuencia de “cuello blanco”, que encubre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos gestadas desde el propio Estado y blinda legalmente a sus más altos responsables y beneficiarios.

Es hora de reflexionar no sólo sobre la cárcel, sino sobre el delito mismo. De decantar, con todos los sectores de la sociedad, qué se penaliza, a quiénes, por qué, para qué y cómo se “castiga” . Estas y otras reflexiones, aunque parezcan agotadas son más vigentes que nunca, cuando se habla de transitar hacia la “paz”.

Equipo Jurídico Pueblos
Bogotá, 19 de abril de 2017

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