Inicio
Registrarse

#ELPAROCRECE

Últimas Noticias

editor5

editor5

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Entre El Estanquillo y El Bordo, la Coordinación de la Movilización del Sur del Cauca y Macizo desarrolló Marcha Política, Masiva, Ejemplar de parte de las comunidades y organizaciones integradas en el Proceso de Comunidades Negras-PCN, Coordinador Nacional Agrario-CNA, Congreso de los Pueblos-CdeP, reguladas por nuestras Coordinaciones y Guardias Indígenas, Cimarronas y Campesinas, y en proceso unitario con otras plataformas articuladas en la Cumbre Agraria.

POLICÍA AGREDE PROTESTA POPULAR EN LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN BOGOTÁ

Boletín sobre situación de derechos humanos

 

Derecho a la protesta social

 

El pasado 24 de abril de 2017 la comunidad del asentamiento Esperanza Villas del Rio, del barrio Bilbao, localidad de Suba, ciudad de Bogotá, fue víctima de un desalojo irregular realizado por la Fuerza Pública ESMAD, en el que fueron quemadas sus viviendas y pertenecías.

Antes y después de este hecho que afecta su derecho a la vivienda, a la vida digna, a la subsistencia, a la familia, la comunidad ha procurado la apertura de espacios de diálogo en el marco del cual se encuentre una solución definitiva y a fondo de su problemática. Las autoridades competentes del gobierno local y distrital han tenido una actitud negligente e indolente ante el hecho y las necesidades de la comunidad. El último acto de irrespeto y desatención de sus obligaciones como Estado, fue la inasistencia a la audiencia convocada en el Concejo de Bogotá el pasado 29 de abril.

Con el propósito de ser escuchados y de lograr la conformación de una mesa que permita resolver las necesidades y derechos, el día de hoy, 20 de noviembre de 2017, en el marco de la jornada nacional de indignación, la Comunidad del asentamiento Esperanza Villas del Río, en ejercicio del derecho a la protesta social, realizó una visita cultural a la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá.

A las 8:00 am, se dio inicio a la acción legítima de exigencia. Un grupo de personas se apostó frente a las instalaciones de la entidad, y otro grupo se ubicó en el interior de la misma, llamando la atención sobre su situación y solicitando la presencia de autoridades para establecer un diálogo con el fin de garantizar su derecho fundamental a la vivienda digna.

Es importante mencionar que ningún funcionario de la institución fue agredido o retenido en contra de su voluntad, la comunidad informó el objetivo de la actividad permitiendo que quienes desearan salir del recinto así lo hicieran. Por el contrario, sí se presentaron agresiones por parte del personal de seguridad en contra de la comunidad, además de ataques por parte de la fuerza pública.

 

Represión policial impide el diálogo

En desarrollo de la manifestación la comunidad, conformada por mujeres niños y ancianos fue objeto de la represión policial:

·         A las 9:00 am, un grupo de aproximadamente 20 uniformados del ESMAD de la Fuerza disponible - quienes dijeron estar coordinados por el teniente coronel ELKIN QUICHEA -, rodearon el lugar.

·         A las 9:30 am, cerca de 30 efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD llega al sitio de la concentración, apostándose en el mismo en actitud intimidante.

·         A las 9: 50 am, la fuerza pública procedió a desalojar de los alrededores a vendedores ambulantes y transeúntes y dio la orden a los propietarios de establecimientos de comercio de los alrededores, de cerrar sus negocios.

·         A las 9:55 am, más miembros del ESMAD llegan al lugar amenazando a los manifestantes con desalojarlos. Ante tal situación, funcionarios de la Personería Distrital, presentes en el sitio, intentaron mediar con el coronel DANIEL GUALDRÓN - Comandante Operativo de la Zona Centro de Bogotá-, quien para ese momento había asumido el mando del operativo, indicándole que en ejercicio de su función estaban procurando habilitar la instalación de la mesa de diálogos que requería la comunidad y que delegados de la Secretaría se dirigían hacia allí con esa intención. Pese a ello, el oficial en actitud intransigente les indicó que ya había dado suficiente tiempo y que procedería al desalojo.

·         Hacia las 10:00 am, el personal de la Policía procedió a separar a empujones a las personas que se encontraban a la entrada del recinto, separándolos de la puerta y lanzándolos hacia la calle. Como consecuencia de este proceder violento, un manifestante cayó por las escaleras ubicadas a la salida de las instalaciones de la Secretaría. Cumplido el propósito, los uniformados se ubicaron frente a la puerta de la entidad, impidiendo todo contacto entre el grupo de personas que se encontraba al interior y quiénes se encontraban afuera, amenazando con ingresar y desalojar violentamente a los manifestantes.

·         A las 10:10 am, aproximadamente, varios uniformados intentaron romper la guaya que había sido puesta en la puerta para evitar el ingreso violento de éstos, atemorizando a los manifestantes.

·         Una defensora de derechos humanos que por solicitud de la comunidad se encontraba dentro de las instalaciones de la Entidad, se acercó a la puerta solicitando a los policias que cesaran la violencia, pues en el sitio se encontraban ancianos, niños y niñas. Sin embargo, sus requerimientos no fueron escuchados y por el contrario fue agredida físicamente por los uniformados, los cuales aprovecharon que la puerta de ingreso se encontraba entreabierta para tomarla del carnet de la organización a la que pertenece (el cual tenía en el cuello) y arrojarla al suelo, mientras otros dos la sujetaban de los brazos de forma violenta.

·         Varios manifestantes fueron filmados por el CTI de la fiscalía y la policía, amenazándolos con futuras judicializaciones.

 

Incumplimiento de garantías ante salida voluntaria

Hacia las 10:40, en medio de la presión y violencia policial, se acordó la salida voluntaria de los manifestantes, a lo cual prosiguió una movilización hacia la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, los agentes del ESMAD y la Fuerza Disponible, agredieron a varios manifestantes una vez se encontraban afuera:

·         Una anciana fue intimidada y violentada físicamente por uno de los uniformados, generándole una afectación sicológica producto de la cual minutos después se desmayó,

·         Un integrante de la comunidad, fue tomado violentamente por dos agentes de la fuerza disponible, quienes pusieron su bastón de mando sobre el cuello del manifestante ejerciendo presión sobre él, provocándole asfixia.

·         La policía intento retener a tres personas más y las cuales fueron víctimas de violencia física durante este procedimiento.

·         Una funcionaria pública fue agredida físicamente al intentar impedir la aprehensión de personas.

·         Algunas mujeres integrantes de la comunidad fueron intimidadas al salir en compañía de sus hijos.

La detención arbitraria y la continuidad de actos de tortura provocados por los policiales, fue evitada gracias a la intervención de la comunidad, quienes lograron liberar a los agredidos de la acción violenta de los uniformados.

 

Obstrucción al ejercicio de defensores de derechos humanos

Además de la agresión sufrida por la defensora de derechos humanos, quien quiso evitar la agresión contra los manifestantes (entre ellos niños, niñas y ancianas) que se encontraban dentro de las instalaciones de la Secretaría, se presentaron otras acciones que constituyen una clara trasgresión del ejercicio de esta labor.

Mientras la policía intentaba ingresar violentamente a la entidad, varios defensores plenamente identificados con sus distintivos y chalecos, intentaron intervenir, siendo separados de la comunidad que procuraba establecer el diálogo con los uniformados, impidiéndoles participar en éste y realizar una veeduría más efectiva.

 

Difamación mediática

Los medios de comunicación que trasmitieron el hecho, dieron a conocer información imprecisa que deslegitima la protesta. El diario El Tiempo publicó una nota en la que indicó que “Encapuchados ingresaron a la Secretaría de Hábitat, en Bogotá”. Por su parte El Espectador adiciona que éstos intimidaron y agredieron a varios funcionarios de la entidad. Finalmente, Redmas afirma que había personas presuntamente armadas.

Estas aseveraciones no se corresponden con la realidad: ninguno de los asistentes a la visita cultural violentó a los funcionarios de la Secretaría, ni portaba armas. Tampoco se presentó un grupo de encapuchados, como se pretende demostrar a través de una fotografía en la que aparece sólo una persona con una pañoleta sobre su rostro; medida que no deja de ser legítima cuando a pesar de la naturaleza de la acción de exigencia, desde su inicio, la policía con cámaras filmó a los manifestantes y les amenazó con futuras judicializaciones.

La visita cultural de la comunidad a las instalaciones de la Secretaría de Hábitat, no perdió su carácter pacífico, no obstante la presión, violencia, intimidación y actos de provocación de la fuerza pública.

La tergiversación de la información por parte de los medios masivos de comunicación, ha constituido una práctica que legitima la represión y la violencia estructural, propias de modelos económicos excluyentes.

A la par que se acrecienta la inconformidad en todos los rincones del país, se incrementa la represión contra las comunidades y sectores populares que acuden a la protesta para exigir la garantía real de sus derechos. La respuesta estatal ante los múltiples conflictos sociales que se desarrollan tanto en el campo como en la ciudad, sigue siendo la intimidación y la agresión, mientras la vía del diálogo es soslayada en medio de la indiferencia y el silencio de las autoridades. Una reacción constante que da cuenta de los grandes retos para el Movimiento social, en la construcción de un país en el que la dignidad sea una realidad.

 

Octubre 20 de 2017

 

JORNADA DE INDIGNACIÓN

A pesar de los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón; del Cese Bilateral Temporal entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, y de un supuesto avance de la paz y la democracia, las agresiones contra la población civil, los líderes sociales y las comunidades humildes de Colombia se incrementan.

 

Los días 5, 6, 7 y 8 de octubre tuvo cabida en la ciudad de Popayán el primer “Congreso Nacional de líderes comunales por la implementación de los acuerdos con las FARC y la participación en la mesa de Quito”. En este encuentro hicieron presencia más de 400 delegados de juntas de acción comunal de todo el país.

El Congreso trató temas que giraron en torno al contexto de paz que atraviesa nuestro país. Conversatorios sobre la implementación de los acuerdos con las FARC y la participación de la sociedad en la Mesa de diálogos en quito entre el gobierno y el ELN, mesas de trabajo para aportar a los insumos que dejaron los conversatorios y construir un plan de acción desde las juntas para aportar a estos espacios fueron el contenido de este congreso. Tuvimos la participación de delegados del partido de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, delegados del gobierno y demás actores activos en los procesos de paz que se han venido gestando.

Este congreso deja algunas reflexiones para todo el movimiento comunal a nivel nacional, dentro de los que se encuentran algunos puntos mencionados en el comunicado que saca la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal.

Los Comunales y la paz: “Cada junta de acción comunal, territorio de paz”

Este punto es, sin duda, el eje central para dinamizar las discusiones frente a nuestra participación como comunales en los escenarios de diálogo e implementación, pues enaltece el propósito y la naturaleza del movimiento comunal al velar por la paz en los territorios, en miras de un país que pueda solucionar las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado en Colombia. Aquí denunciamos el obstáculo que presenta la confrontación armada en nuestros territorios, pues nuestras comunidades son quienes están en medio del fuego, por tanto, condenamos la perpetuación del ruido de las balas en todo el territorio nacional. Así como condenamos los actos violentos por parte de las insurgencias, también condenamos al Gobierno nacional con su interés de consolidar un modelo de miseria, que promueve la concentración de la riqueza y de la tierra en unas pocas manos, esto, mostrándose como un obstáculo para superar la inequidad y la falta de justicia en nuestro país.

Derechos humanos, persecución y asesinato de líderes sociales

Este punto es para nosotros de gran relevancia, pues denunciamos lo que viene siendo la persecución y los asesinatos a nuestros líderes comunales y diferentes líderes sociales en todo el país, además de exigir al gobierno que se cumpla con lo que se comprometió al iniciar el cese bilateral con el ELN, Reforzar medidas para proteger líderes sociales, pues hasta el momento lo sucedido en Tumaco y el asesinato de Jair Cortés (integrante de la junta del consejo comunitario Alto Mira en Nariño) son muestras del desinterés del gobierno en la protección de integrantes del movimiento social colombiano.

No siendo suficiente, es el momento en que el gobierno no ha reconocido el Paramilitarismo como un actor aún vigente. Los comunales denunciamos la presencia del paramilitarismo en diferentes departamentos del territorio nacional. El paramilitarismo es una amenaza directa para nosotros los comunales y para toda la sociedad colombiana.

El cáncer de la corrupción

El movimiento comunal colombiano está cansado de la corrupción. No viéndose solo en las instituciones políticas, vemos con preocupación que partidos políticos con prácticas clientelistas se acercan a juntas de acción comunal para buscar apoyo en sus campañas. Es evidente que algunas juntas le siguen el juego a estos politiqueros, pero es imperioso para nosotros acabar con estos casos, pues se presenta como una enfermedad para el movimiento comunal. Acabaremos desde lo más pequeño hasta la mayor instancia cualquier rastro de corrupción que se siga propagando dentro del movimiento comunal.

Estos son algunos de los puntos que nos quedan para reflexionar como comunales. Desde nuestra Junta de Acción Comunal haremos seguimiento a todo lo acordado y socializaremos lo aprobado en el congreso con el resto de juntas de nuestra localidad de Engativá. Seguiremos promoviendo la reflexión sobre la importancia de la participación de las comunidades en la construcción de una paz con cambios reales para el país.

¡CONSTRUIMOS PAZ, CONSTRUIMOS PAÍS!

 

La semana que culmina nos dejó una nueva jornada de indignación en el país; miles de hombres y mujeres del campo y la ciudad decidieron lanzarse de nuevo a calles y carreteras para mostrar su descontento con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no solo de él sino de lo que han sido históricamente las decisiones y acciones de quienes han hecho del ejercicio del poder un  mecanismo para saciar sus propios privilegios.

 
El gobierno colombiano en su política antidrogas implementa en las zonas rurales la erradicación forzada y militarizada de los cultivos de uso ilícito, política que ha contribuido a la violación de los derechos humanos de las comunidades campesinas que exigen una política de sustitución de cultivos, concertada y progresiva. Esta demanda no ha sido atendida, lo que ha representado para el campesinado mayores niveles de desigualdad y  ante las manifestaciones y acciones de protesta, crecientes niveles de represión y violencia ejercidas por el Estado colombiano, la fuerza pública, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y las fuerzas militares. 
 
En este contexto, las comunidades campesinas de Alto Mira y Frontera del corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco en Nariño, movilizadas en defensa la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos, han sido víctimas de la violencia de Estado con la masacre cometida  por las fuerzas militares y la policía nacional que ha cobrado la vida de 8 campesinos y 54 heridos de gravedad. 
 
Es por lo anterior que desde el Congreso de los Pueblos: 
 
1) Exigimos al gobierno colombiano garantías para la lucha social y política y el libre ejercicio del derecho a la protesta, así como la revisión integral y el cambio sustancial de las políticas de seguridad y la doctrina militar que impulsan y justifican el actuar violento, desproporcionado y represivo de la fuerza pública ante la movilización social. 
 
2) Exigimos al gobierno colombiano y al presidente Juan Manuel Santos el inmediato cumplimiento a lo pactado en el cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional  ELN en relación al carácter y las medidas humanitarias de este acuerdo. 
 
3) Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición y llamamos a la comunidad internacional a acompañar y verificar el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional, ya que la masacre ocurrida en Tumaco evidencia el incumplimiento del punto 4 de los acuerdos de la Habana, reafirma el terrorismo de Estado y  su falta de voluntad y coherencia política para avanzar en la búsqueda de la paz. 
 
4) Demandamos al gobierno nacional la realización de una misión de verificación con seguimiento y participación de organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de esclarecer total e inmediatamente los hechos, así como investigación y sanción penal y disciplinaria a los autores. 
 
5) Expresamos  toda nuestra solidaridad con las familias y las comunidades que han sido víctimas del terrorismo del Estado colombiano y resaltamos que la construcción de la paz en Colombia exige la superación de todos los sucesos ocurridos en Tumaco.  
 
Por todo lo anterior, hacemos un llamado al país, a las organizaciones y sectores sociales y políticos a rechazar contundentemente estos hechos de violencia, les exhortamos a denunciar y actuar ante toda injusticia que se cometa por un actor estatal o paraestatal en  contra el pueblo colombiano y les convocamos a la unidad, a la lucha y a sumarse a la movilización nacional del 12 de octubre y la jornada de indignación.  
 
Congreso de los Pueblos Octubre 6 de 2017. 
 
CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA 

Hemos tenido conocimiento de los siguientes hechos referentes a la Vereda Pio XII de Guamal donde la población se manifiesta en contra de proyecto petrolero CPO-9:

ANTECEDENTES
La comunidad de la vereda Pio XII, desde el día 9 de febrero se encuentra en el ejercicio fundamental al derecho a la protesta pacífica, con el fin de exigir a las autoridades municipales, gubernamentales y nacionales la garantía de sus derechos a la vida y a la permanencia en el territorio.
A pesar de las reiteradas ocasiones que la comunidad ha llamado al diálogo a Ecopetrol y a las instituciones estatales, no ha sido posible que las exigencias de los y las habitantes sean tenidas en cuenta en decisiones que den cuenta de garantías reales de los derechos de la comunidad.

HECHOS
A las 8 de la mañana aproximadamente la policía de Guamal y el ESMAD ingresaron de manera violenta, con el fin de dar entrada a las volquetas y maquinaria de Ecopetrol S.A. y REPSOL, a pesar de que es de pleno conocimiento que las petroleras, se encuentran incumpliendo la licencia ambiental.
El operativo de la policía deja capturadas dos mujeres que en protesta pacífica, las detuvieron a la fuerza y fueron conducidas a la estación de policía.
Hasta el momento las autoridades de policía se niegan a dar información de las mujeres ilegalmente detenidas.

INSTAMOS ENCARECIDAMENTE
1. La presencia de garantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo en la vereda Pio XII.
2. Se respeten los derechos a la vida, a la protesta pacífica y a la participación y a la libertad.
3. Se liberen INMEDIATAMENTE a LILIANA RUEDA RIVERO y a MARIA JANETH MENESES
4. Al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, se brinden las garantías para que todas las organizaciones campesinas puedan realizar su trabajo, en el marco del cumplimiento del Artículo 37 de la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991, en el que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.”Así mismo, el respeto a la dignidad humana consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 10 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Artículo 5 Numeral 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos,

Exijimos, en resumen, una pronta y real solución a la situación que se presenta en el departamento del Meta como consecuencia de proyectos petroleros.

RESPONSABILIZAMOS
Al presidente de ECOPETROL FELIPE BAYON, al presidente de ECOPETROL FELIPE BAYON, al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, al señor Alcalde del municipio de Guamal CRISTOBAL LOZANO CAICEDO, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional seccional, al Mayor CASTILLA y al CORONEL ZAPATA por las violaciones a los derechos humanos sin perjuicio de los delitos contemplados en el código penal colombiano, cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades Policiales que dirigen y cualquier posibles vulneración que pueda sufrir esta comunidad en el futuro.

Sin más y pendientes de las medidas tomadas al respecto, reciba un cordial saludo

Transcurridos 14 meses desde la firma de acuerdos parciales, en Santander de Quilichao,  entre el gobierno nacional y la Cumbre Agraria en materia de tierras y territorios, economía propia, política minero-energética, garantías y derechos humanos, cultivos de uso ilícito y política agraria, entre otros,

Domingo, 10 Septiembre 2017 22:51

¡Las mujeres no abandonamos nuestras luchas!

Comunicado  público  9   de   septiembre   de   2017

 

¡Las mujeres no abandonamos nuestras luchas!

 

Rechazamos las amenazas dirigidas a Marleny Zabala Duque, compañera de la Confluencia de Mujeres Armenia, por parte de actores paramilitares; enemigos de la paz de Colombia que buscan detener el trabajo en defensa de derechos humanos como la vida libre de violencias para las mujeres, la alegría, el territorio y la expresión social y política.

Afirmamos que  las mujeres no abandonamos nuestras luchas; no dejamos nuestra lucha diaria para proteger nuestra familia, para cuidar a las personas amadas; así como no callamos para defender nuestros territorios urbanos y rurales, para construirlos y poder decidir sobre ellos, para   exigir,   ante   todo, justicia.

Las mujeres nos asumimos como la posibilidad de transformar este país, por esto, las invitamos a todas  la desprendernos de nuestros miedos y agarrarnos de nuestros derechos!, a trabajar y cuidarnos juntas, de la  mano con nuestros compañeros, para que gane la defensa de la vida  digna sobre los intereses privados, sobre la complicidad de las instituciones del Estado y los miembros del Gobierno con la violencia ejercida por sus fuerzas armadas y por actores paramilitares, y fundamentalmente,   sobre   la   indiferencia   de   los   y   las   colombianas.   

Ser con Otros

toprow1 Cumbre Nacional Agraria: Campesina, Étnica y Popular.

Ver más...

 


toprow1 Movimientos Sociales hacia Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Ver más...

 


toprow1 Clamor Social por la Paz.

Ver más...

 


toprow1 Coordinadora Nacional Minero Energética.

Ver más...

 

 

Directorio

You are here:

Congreso de los Pueblos:

Somos una organización de caracter político y social que aglutina diversos sectores y actores en la construcción de una propuesta de país para la vida digna y con justicia social en Colombia.

El Congreso en las Redes

social icon  social icon social icon  social icon

 

S5 Box

Login

Register