La emergencia carcelaria exige acción inmediata

Ante la negligencia criminal del INPEC, la indolencia del gobierno y en contra de la indiferencia, llamamos todas las organizaciones y fuerzas vivas de la sociedad colombiana a unirse en un clamor colectivo contra la masacre que se esta cometiendo en las cárceles del país.

Bogotá, 28 de julio de 2020

Desde el momento de la declaratoria de pandemia el día 11 de marzo, sabíamos que tendría grandes repercusiones en las cárceles y desde ese instante el Movimiento Nacional Carcelario -MNC- se ha pronunciado cantidad de veces en un principio exigiendo una declaratoria de emergencia carcelaria y una propuesta de excarcelación humanitaria.

Después de reprimir violentamente las protestas en las cárceles y que como consecuencia dejo el mas infame episodio de masacre de 23 personas el 21 de marzo en la cárcel modelo aun en la impunidad, el gobierno expide el decreto 546 el 14 de abril. La formulación del decreto que al día de hoy no se ha terminado de implementar, va en contravía de las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial para la Salud. De implementarse solo se podrían llegar a beneficiar entre 3.000 y 4.000 personas privadas de la libertad, cuando el sobre cupo en las instalaciones carcelarias insalubres del Estado colombiano se acerca a las 60.000 personas. Más de 100 días después el contagio del virus no se detiene y la gente esta en peligro de muerte y sin atención médica.

Es importante recodar que los primeros contagios los ocasionó el mismo INPEC ya que, el personal de custodia no entró en acuartelamiento ni tenían elementos de bioseguridad al momento de ingresar a los patios. Después realizaron traslados a varias cárceles del país de presos contagiados y esto hizo que donde aun no había brote de virus se diera. Ahora en pleno brote nacional con una situación fuera de control, cada día llegan denuncias de operativos del INPEC donde violenta la población privada de la libertad porque exigen que el INPEC cumpla con normas mínimas de bioseguridad.

La cifras oficiales del INPEC confirman 2146 casos en fecha del 21 de julio, con las demoras en las entregas de resultados y falta de pruebas la cifra podría haber triplicado hoy. Hay varias pruebas que el INPEC ha sido deshonesto con las cifras, hasta la misma alcaldía de Villavicencio y los sindicatos del INPEC lo han denunciado, en sus redes sociales el INPEC aseguraba por ejemplo que en Picota – Bogotá luego de realizar 114 pruebas no habían más casos de covid-19, Versión que es desmentida por las personas privadas de la libertad que reportan el 24 de julio 682 casos positivos y 1900 posibles contagios. El COVID desnuda una crisis carcelaria y penitenciaría que tiene muchos años con varias sentencias de Estado de Cosas Inconstitucionales emitidas por la Corte constitucional en 1998, 2013 y 2015.

Ante esta situación familiares, amigas/os, organizaciones sociales y de Derechos Humanos se han venido movilizando, frente a los centros carcelarios buscando exigiendo que permitan el ingreso de brigadas de salud, medicamentos, alimentos, tapabocas y demás elementos de bioseguridad; adicional a esto se han realizado acciones jurídicas como acudir a la Corte Constitucional pero obteniendo como resultado que la corte el 23 de julio 2020 rechazara la solicitud de declarar inconstitucional el decreto 546. A pesar de la propaganda del INPEC en sus redes sociales, el mismo director del INPEC suspendió los traslados a sala de audiencias virtuales ante el contagio rápido, privando a las personas detenidas de garantías mínimas de derecho a un juicio justo.

Es necesario que la Defensoría Nacional del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, sean coherentes con sus pronunciamientos y actúen de manera eficaz para dar fin a los incumplimientos del Ministerio, del INPEC y de los entes regionales que se han querido lavar las manos del problema.

Desde el Congreso de los Pueblos nos hemos sumado a las denuncias en la calle y ante instituciones como la CIDH y las Naciones Unidas, y hoy denunciamos que la vida de nuestros compañeros y compañeras, detenidos injustamente por un sistema criminal que castiga el pensamiento critico, el liderazgo social y en general la pobreza, esta en grave peligro.

Ser líder Social No Es Delito.