Notas para analizar la coyuntura
La coyuntura actual puede caracterizarse a partir de los distintos escenarios de tensión y transformación que se vienen generando tras la elección del proyecto de gobierno del Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro, quien ha logrado encauzar muchas de las demandas y apuestas de transformación de diversos actores sociales y políticos hacia un horizonte de cambio donde el Estado retome la intervención social y económica en función de garantizar derechos dentro del modelo Capitalista.
En este contexto, los sectores que históricamente han definido y conducido la ruta económica e institucional y que influyen sobre los distintos estamentos del poder en el país manifestaron sus preocupaciones durante el proceso electoral, pero a medida en que este avanzó, progresivamente tendieron los puentes que les permiten reorientar su rol sin perder el posicionamiento estratégico nacional en conexión con el ámbito internacional.
Así mismo, se ha posicionado una matriz mediática que proyecta establecer un escenario de veeduría sobre el proceder institucional, político, social e incluso personal de quienes hacen parte del gobierno electo; todo lo cual es inédito puesto que hasta el momento, las grandes cadenas mediáticas han jugado un rol solapado de enunciación y promoción de los gobiernos de turno, con variaciones acordes a tendencias políticas, pero sin constituirse en un referente de control como el que se está promoviendo en la actualidad.
Respecto al factor de poder que ha definido el trámite del conflicto históricamente en el país, si bien se viene promoviendo una serie de reformas sobre el sector de seguridad y defensa que garantice el respeto por los derechos humanos y que detenga la impunidad de las acciones criminales estatales y paraestatales, existe una alta resistencia a avanzar en la transformación de la política de seguridad nacional, que si bien se mantiene en la ruta del enemigo interno y la contra insurgencia, a potenciado su dependencia y subordinación a la empresa militar estadounidense.
Importante es resaltar que, la sociedad colombiana carga con una memoria histórica definida por el conflicto social y armado, sin que hasta el momento se haya avanzado significativamente sobre las transformaciones que se requieren para que las causas que han propiciado el conflicto sean superadas. Esta memoria ha sido narrada y promovida por víctimas y organizaciones de víctimas en un contexto de confrontación con el Estado, que desde las orientaciones gubernamentales y de sectores de poder, además de obstaculizar su quehacer, han agenciado su negación y la enunciación de una memoria que no incomode ni afecte a los victimarios. Esto plantea un escenario de disputa en tanto que, el gobierno entrante debe ajustar toda la política institucional que involucra la cultura, la educación y el arte como los ejes transformadores, pero en contraposición con fuertes intereses de sectores de la sociedad que han vivido y se han fortalecido económica y políticamente gracias al encubrimiento y la impunidad.
Por su parte, el imaginario colectivo que demanda cambios y que desde su acción le quitó el respaldo a la política tradicional en las pasadas elecciones, concentra un fuerte rechazo a las figuras institucionales y su rol como servidores del bien público, tanto por su poca correspondencia con las demandas sociales, como por toda la red de corrupción que envuelve a la mayoría de servidores públicos, quienes lograron maniobrar y transar acuerdos para mantener posiciones de control institucional en el actual gobierno; todo lo cual resulta en fuente de tensiones que se hacen evidentes en el trámite de las reformas de cambio que, en el tránsito de su aprobación son intervenidas y limitadas para no trastocar los intereses de sectores políticos y económicos que siguen enquistados en esferas institucionales.
Los movimientos sociales y populares que en su mayoría apoyaron activamente el proceso electoral para que el proyecto del pacto histórico cuente con capacidad legislativa y ejecutiva, se encuentran en un momento expectante, buscando no ser excluidos de la escena institucional desde donde se traza y ejecuta la política pública, lo cual les permita impulsar la inversión y la garantía de derechos a las comunidades y territorios donde habitan sus bases organizativas, quienes se movilizaron en campaña de manera efervescente para conseguir una votación masiva en apoyo al proyecto de gobierno.
A su vez, al considerar que un cambio de gobierno con proyección progresista no representa la garantía suficiente para que en el país se respeten y cumplan los derechos y ejecuten las políticas requeridas para superar las condiciones históricas de marginacion y exclusion social, politica y economica; desde algunas plataformas organizativas se viene constituyendo una postura y proyección de accionar activo que no se limite a la presencia en órganos institucionales, dándole un alto valor e importancia al fortalecimiento organizativo para avanzar como veedores, garantes y defensores de un proyecto de gobierno que condensa buena parte de las demandas que históricamente los gobiernos le han incumplido a las comunidades.
El impulso organizativo surgido tras el llamado «estallido social», llevó a que diversidad de colectividades de sectores hasta el momento invisibilizados, emergieran y posicionaran sus demandas en la agenda pública, participando activamente en la construcción del pacto histórico con el propósito de que el gobierno electo desarrolle efectivamente la política inclusiva y de cambio que recoge el sentir y las propuestas que sustentaron las movilizaciones sociales y resistencia popular desarrolladas potentemente en el 2021.
Puede considerarse que la actual coyuntura contiene altos factores de cambio para la sociedad colombiana, así como fuertes intereses que van a representar tensiones y resistencias para que efectivamente se materialicen las propuestas que llevaron a la elección de Gustavo Petro. Esta situación implica que las organizaciones sociales y populares logren comprender que hay momentos donde la pragmática debe primar en el escenario institucional, mientras los principios políticos y organizativos deben sustentar permanentemente la visión estratégica que concibe la conducción institucional como una parte esencial pero no fundamental para proseguir con las apuestas de una sociedad para la vida digna.
En esta medida, la ruta que define la acción política de congreso de los pueblos enfoca un esfuerzo importante a participar en la concreción y realización de un programa de gobierno construido en el marco de necesidades reales y urgentes de tramitar para toda la sociedad históricamente excluida. Así mismo, se concentra un alto esfuerzo organizativo para ser protagonistas en la dinamización de dichos cambios, buscando ir más allá de una apuesta de gobierno, que posibilite de manera real la generación y potenciación del poder emergente, del poder de la autonomía de los pueblos, del poder popular.
Por Francisco Moncayo
Escuela Nacional Orlando Fals Borda
IAPES José Martí