OPINIÓN: Análisis de coyuntura del sector vivienda y propuestas

Por: Plataforma de Viviendistas: Vivienda y Dignidad

 

La vivienda ha sido un bien limitado o inalcanzable para buena parte de la clase trabajadora desde que inició el proceso de despojo en las diferentes regiones del país, hace más de un siglo. La lucha por la vivienda se inscribe en la disputa por el acceso al suelo que históricamente se ha concentrado en pocas manos tanto en los espacios rurales como urbanos, y tiene una estrecha relación con la planificación territorial y urbana, en donde la construcción de ciudades y de soportes para la vivienda, desde la perspectiva clásica  de las misiones económicas norteamericanas de la década de los 50ś, perfilaron el sector de infraestructura y de construcción como uno de los nodos centrales para el impulso y desarrollo  económico del país, liderada por oligopolios de la construcción, sin responder a las necesidades y condiciones económicas de la clase trabajadora.

La crisis económica que se ha profundizado en el último tiempo, ha desencadenado en mayor desempleo y escasos ingresos económicos que llevan a que una de las necesidades más sentidas por las familias trabajadoras, sea la falta de acceso a vivienda, especialmente en las grandes y medianas ciudades; en donde el costo del arriendo es alto en relación a los ingresos económicos, y el acceso a los programas de vivienda de interés social es mínimo o simplemente no es una opción ante las condiciones económicas; así las cosas, la autoconstrucción a partir de la ocupación o compra de lotes bajo la modalidad pirata termina siendo una opción de acceso al techo pero precarizando las condiciones de vida al ser lugares periféricos, sin equipamiento urbano, en sitios de riesgo.

En este sentido, miles de familias siguen luchando por lograr su vivienda; son familias en su mayoría encabezadas por mujeres, y/o desplazadas, quienes no cuentan con condiciones laborales estables, por el contrario están ancladas al trabajo temporal y las actividades informales en donde los ingresos son mínimos, por tanto las formas de ahorro y crédito son inviables bajo dichas circunstancias. Se podrían identificar por lo menos tres situaciones estructurales que atraviesan hoy las familias en cuanto a la vivienda en los sectores urbanos, y sobre las que deben actuar las políticas públicas:

• Asentamientos informales: Son familias que no tienen seguridad en la tenencia ni derecho a una vivienda digna, por el contrario son construcciones hechas con materiales precarios, sin condiciones de iluminación ni ventilación, sin equipamiento urbano y en donde además se vive en la constante zozobra por el hostigamiento de las autoridades, la estigmatización de comunidades aledañas y el control de las estructuras narcoparamilitares.
• Arrendatarios: Según datos del DANE 2020 en cuanto a la tenencia de la vivienda en nuestro país son 6.038 hogares que viven en arriendo o subarriendo en las cabeceras urbanas, lo que equivale al 45,8%. Se habla entonces de que cerca de la mitad de la población no tiene vivienda propia, y más de la mitad de sus ingresos monetarios se van en el canon de arriendo deteriorando el consumo de otros bienes esenciales para la vida digna; para aminorar este costo, las familias buscan solución en lugares periféricos viviendo en condiciones de hacinamiento y malas condiciones de la vivienda.
• Familias con techo: Se refiere a las familias que aunque pudieron acceder a los subsidios de vivienda, se encuentran pagando el crédito; bajo las actuales tasas de interés superior al 10% no tienen la seguridad jurídica de la tenencia y destinan buena parte de sus ingresos a una “interminable” deuda. Pero además, aun accediendo a la vivienda por programas VIS y VIP, sufren actualmente nuevos problemas en relación al déficit cualitativo, pues son viviendas con problemas estructurales en sus cimientos, ubicados lejos de los centros laborales y sin equipamientos suficientes y adecuados.

En este sentido, desde la Plataforma Vivienda y Dignidad se propugna por una política de transición, entendiendo la política de vivienda como una herramienta fundamental para lograr el derecho a la vivienda como bien social y no privatizado, por ende una reforma a dicha política debe contener los siguientes elementos:

 

1. Planeación territorial y suelo

Siendo un pilar y soporte central para la generación de vivienda, el suelo ha estado concentrado en pocas manos y destinado para la especulación inmobiliaria. Si bien los bancos de tierras están contemplados legalmente, las entidades administrativas no han desarrollado este instrumento y plantean actualmente que “no hay suelo urbanizable”. Sin embargo, en el caso del Distrito existen áreas destinadas para vivienda, pero reservadas para los oligopolios de la construcción en contubernio con la administración, se habla de cerca de 1.300 hectáreas en esta situación. El tema de las cargas y beneficios debe ser revisada como mecanismo de presión para que se implemente y así las constructoras realmente paguen por el usufructo que han hecho del suelo, destinando áreas para que las OPVs puedan acceder al suelo.

 

Lugares céntricos de ciudades como Bogotá están desocupados, por tanto se debe proponer que la alcaldía democratice estos suelos, bajo el principio de producción social del suelo. Así mismo aprovechando el debate actual sobre la SAE, se debe presionar porque parte de estos suelos en las ciudades sean otorgados al desarrollo de vivienda desde las organizaciones de viviendistas.

 

 

2. Legalización, mejoramiento barrial y reasentamiento

Aunque varias comunidades de asentamientos informales han intentando el diálogo e interlocución con las instituciones públicas, la respuesta de éstas ha solido ser de disuasión, buscan romper con el tejido comunitario realizando prácticas de individualización, y no tienen estudios de esta situación ni dan garantías de reubicación. Además, las actuaciones administrativas para la legalización suelen ser dispendiosas, lentas y paliativas, y llevan a asumir nuevos costos como las tarifas de servicios públicos, curadurías y el impuesto predial, que tienden a perjudicar la situación económica de las familias. Propendemos por el no al desalojo y la garantía del diálogo y el acceso a la vivienda digna.

Los servicios domiciliarios como Agua, alcantarillado, recolección y aprovechamiento de residuos sólidos han quedado en manos de las empresas privadas quienes cobran altas tarifas bajo la lógica de la rentabilidad y no llegan a los barrios subnormales o periféricos en condiciones óptimas, por tanto otra apuesta es el “la garantía constitucional del derecho al agua y saneamiento básico” y la promoción de la gestión de estos servicios desde las empresas comunitarias.

Así mismo la propuesta desde la capacidad de gestión de las organizaciones de trabajadores y viviendistas, gira en torno a generar mecanismos de diálogo para el reconocimiento, legalización y acondicionamiento óptimo de sus asentamientos, y desarrollar proyectos de esta naturaleza en donde se le contrate a estas organizaciones para las obras de adecuación y equipamiento barrial, utilizando tecnologías modernas y limpias.

 

3. Asociatividad

Si bien las OPV se plantean legalmente como figura asociativa para el acceso a la vivienda, son instrumentos jurídicos difusos, pues quedaron absorbidos ante la lógica de competencia con empresas privadas constructoras y promotoras de vivienda, su alcance y desarrollo ha sido limitado ya que nunca contaron con un marco fiscal y técnico.

La figura de las Alianzas Público Comunitarias que plantea el actual gobierno, son difusas, poco claras, no tienen legislación ni financiación clara, y pueden ser desgastantes y poco óptimas para la producción de vivienda en el país al no tener capacidad técnica, administrativa y financiera.

Es necesario avanzar en los siguientes elementos:

• Fondos públicos destinados a asociaciones y empresas comunitarias
• Suprimir las talanqueras tributarias que desangran las ESAL (retención en la fuente, software contables, tramitación del régimen especial)
• Apoyo técnico en lo contable, financiero y arquitectónico
• Acceso a conocimiento técnico en bio-construcción
• Bancos de materiales, maquinaria y suelos.

 

4. Estrategias financieras

Es evidente que el 60% de los trabajadores están en la denominada informalidad, y mas del 10% en el desempleo, esto se relaciona con pobreza y pocos ingresos que impiden el acceso al subsidio y el crédito; es de cuestionar la forma como el DANE y el SISBEN caracteriza las condiciones de vivienda de las familias y la conformación de hogares, por tanto deben revaluarse estos modelos, para que la caracterización de las familias corresponda a la realidad.

Ni si quiera las familias desplazadas y las comunidades indígenas han podido acceder a los subsidios de vivienda pese al reconocimiento como víctimas; la forma “paliativa” en que los diferentes gobiernos desde décadas atrás han respondido han sido los mecanismos de transferencias monetarias, como los programas de “Familias en Acción” y “Jóvenes en Acción”, y que el actual gobierno plantea mantener y ampliar.

En este sentido es una apuesta central la búsqueda de mecanismos financieros que superen el asistencialismo y el acertamiento del sector financiero oligopólico, y busque centralizar los recursos destinados a estas familias para posibilitar proyectos de gestión de los bienes de consumo colectivo.

Bajo esto proponemos reglas de captación de rentas dirigidos a fondos públicos estratégicos en las modalidades de plusvalías por avances urbanos y una mejor distribución de cargas y beneficios que tienen los proyectos urbanísticos.

Somos conscientes de la deuda histórica que tiene el estado colombiano con las clases TRABAJADORAS EN MATERIAS DE VIVIENDA Y TRABAJO, nuestra plataforma se propone construir una transición de la política pública de vivienda donde se resalte la propiedad social y colectiva por encima de las dinámicas mercantiles y degradadas del mercado.