¿Qué es la Judicialización contra el movimiento social?
Por: Jhonatan Camargo, del Movimiento Político, Social y Popular del Centro Oriente Colombiano.
La criminalización del pensamiento crítico, la lucha social y la militancia de clase popular en Colombia ha sido una constante práctica por parte de la élite gobernante, es uno de sus instrumentos de dominación y coerción. Es además una práctica social genocida, con la que se asegura, entre otras, la aplicación de medidas “ejemplarizantes”, orientadas a exterminar cualquier brote de rebeldía o insubordinación al sistema, el que se ha impuesto como “ley y orden”.
Es una práctica histórica, propia de la clase dominante, que en una época se manifestó en las hordas inquisidoras, que perseguían, castigaban o asesinaban, incluso públicamente, a modo de espectáculo, a quienes decidían romper el orden clerical y conservador, opuesto al análisis científico y a cualquier atisbo de emancipación, así se desarrolló toda una maquinar de tortura y muerte, que sobrevive hasta hoy.
La persecución judicial actual, heredada de las lógicas punitivas y del castigo como método de aleccionamiento, se han alimentado más recientemente de la doctrina imperialista del Enemigo Interno, empujada por el odio al comunismo y por un afán de desmontar y detener los procesos de organización popular, liberación nacional e internacionalismo proletario. Encuentran en el movimiento social, en las organizaciones de la clase trabajadora y en los embriones de poder popular el escenario apropiado para aplicar un discurso, que por un lado genere miedo, y por otro el odio, masificando ideas como que “los comunistas asesinan niños”, “ser de izquierda es ser terrorista”, “marchar es para vagos”, o que “exigir es generar odio” (1).
Estas ideas fuerza, y otras más, como elementos ideológicos de la clase dominante, apropiadas por las instituciones, han convertido al paramilitarismo en política de Estado, la judicialización como práctica sistemática, y en general, el exterminio al pueblo organizado, en objetivo de “estabilidad”, “seguridad nacional”, o “gobernabilidad”. Tanto así, que hoy, el ente investigador, la Fiscalía General de la Nación, que se supone debe garantizar el acceso a la justicia y la verdad para todos/as, lo que viene haciendo es desplegar sus capacidades para perseguir jóvenes de la clase trabajadora, mientras, al tiempo, vela por los intereses de quienes mueven los hilos del poder, empezando por el expresidente Uribe Vélez, quien se ha convertido en el principal defendido por la Fiscalía, en un proceso, que se supone, era en su contra.
Algo que se podría calificar de insólito, o de contradictorio, si no fuera porque, como ya se ha dicho, hace parte de su condición de clase, la que es evidente, aún sin mencionar tantos cientos de casos en que los grandes dueños del país, la burguesía, terrateniente o financiera, ha salido libre, inocente e indemnizada, porque simplemente la justicia, como dice el dicho, es para los de ruana.
Para perseguir luchadores sociales y populares, en el caso de Colombia, la Fiscalía ha adoptado, de la mano de empresas privadas y del sector minero energético, las Estructuras de Apoyo –EDA- (2), que, en la práctica, son la privatización de la justicia, la instrumentalización del aparato investigativo para fines particulares, en este caso, trasnacionales y extractivistas. Con estas Estructuras de Apoyo, junto a la cooperación de inteligencia policial, militar y paramilitar, se han judicializado a líderes y comunidades que se oponen a la destrucción de sus territorios, la explotación laboral y el despojo de los bienes de la naturaleza (3).
También se ha creado la Ley 1908 de 2018, con la que se complica la situación judicial de personas y organizaciones perseguidas por causas políticas, endureciendo las condenas y demorando los procesos penales, convirtiendo reuniones en “concierto para delinquir”, movilizaciones en “obstrucción de vía pública”, la primera línea en “agresión a servidor público” y las expresiones de indignación en “daño en bien ajeno”, es decir, criminalizando la protesta social y estigmatizando cualquier ejercicio de legitima movilización, convirtiéndola en delitos conexos a la rebelión, que de paso, se persigue y condena.
Son cientos de hombres, mujeres y diversidades, principalmente jóvenes, a quienes se les viene aplicando hoy la sistemática práctica genocida de la judicialización, empujando así a estas personas y sus familias, en primera medida a una exposición mediática estigmatizante, luego al encierro inhumano, en pésimas condiciones de hacinamiento, insalubridad y desatención médica y psicológica, sin contar los deleznables traslados a cárceles distantes, a patios llenos de hostilidades y las vulneraciones a menores de edad, hijos e hijas de estas personas, o las muertes dentro de las cárceles, en incendios o masacres (4) , caracterizadas por la acción y/u omisión de los agentes estatales (5).
En el marco del cambio de gobierno y la renovación institucional del capital, el progresismo ha prometido acciones humanitarias y de garantías en cuanto a la libertad y absolución de quienes vienen afrontando estos procesos de judicialización, sin embargo, lo que se ha evidenciado es un golpe de realidad, en donde la luz de libertad, absolución, reparación y garantías para la vida ha quedado a cargo de las personas judicializadas, sus familias, sus círculos de apoyo, organizaciones, y procesos de lucha colectiva, no sólo por el fin de la cárcel a quienes luchan, sino porque, bajo una óptica anti punitiva, y anti carcelaria, caigan las rejas, caigan los muros y caiga el sistema de represión, con todo su estigma y todo su odio.
Citas:
1. Organizaciones preparan el Tribunal Permanente de los Pueblos – Trochando sin Fronteras
2. Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía – Pacifista.tv
3. Convenios de Fuerza y Justicia – Rjutas del Conflicto.
4. ¿No debía estar preso? Recapturado de la primera línea murió en motín de la cárcel de Tuluá – Cambio
5. Los siete de Paipa: voces de la protesta que resisten a los “montajes judiciales” – Mutante.org