TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA y POLÍTICA PETROLERA SOBERANA

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Y POLÍTICA PETROLERA SOBERANA

 

Se equivoca nuevamente la fracción mayoritaria de la Junta Directiva Nacional de la USO en cabeza de su presidente Martín Ravelo, tal como lo hicieron recientemente con el apoyo a Roy Barreras en el marco de la consulta del pacto histórico. Esta vez, saliendo a protestar públicamente contra la Primera Conferencia Internacional para una Transición más allá de los Combustibles Fósiles realizada en la ciudad de Santa Marta, donde, representantes de 50 países conversaron con sectores del movimiento social, con los trabajadores, los académicos, las comunidades y los empresarios, sobre la necesidad de caminar juntos hacia una transición energética justa y necesaria. Alegan, estas mayorías, que se necesita inversión, fracking y seguir la senda de la explotación indiscriminada de los combustibles fósiles; que se trata simplemente de un asunto técnico y económico, no ambiental ni social, pero no son capaces de poner sus argumentos en estos escenarios para la discusión y el debate.

Salen, las decadentes mayorías de la USO, a darle la razón a los gremios del sector, a los industriales y a los medios tradicionales quienes siguen manifestando que la baja en las reservas de petróleo y gas se debe a las políticas del actual gobierno, desconociendo que muchos de los contratos vigentes no fueron desarrollados como parte del sabotaje al gobierno del cambio, reiteran su postura individual de apoyo al fracking como única salida para aumentar, según ellos y los gremios del sector, las reservas de gas y petróleo en Colombia.

No dicen en sus discursos cuantos contratos han sido adjudicados desde gobiernos anteriores a empresas y personas naturales para el desarrollo de la exploración y explotación petrolera y gasífera en el país, contratos con hasta 10 y 15 años de adjudicados en los cuales no se han realizado ni una sola acción para su desarrollo, siendo esto una política de las empresas multinacionales y del sector privado para crear la crisis energética en el país, según datos del ministerio de minas y energía son más de 300 contratos que al día de hoy están adjudicados y no han tenido ningún desarrollo en su fase inicial, aunado a esto la desinversión presupuestal que viene haciendo el sector privado en los campos y regiones amparados en una supuesta falta de garantías e incentivos al sector, se convierten en una tormenta perfecta para la crisis energética en el país.

Claro que preocupan algunas políticas y decisiones que ha venido tomando y planteando el presidente Petro y sus ministros, como la reciente lista enviada al congreso para una eventual liquidación y enajenación de activos en la cual se incluyen varias empresas del grupo Ecopetrol (Reficar, Cenit, Esenttia, entre otras). Si bien es cierto, este listado se envía todos los años al Congreso de la República, se hace necesario que el gobierno deje claro ante el país cual es el objeto principal de esta acción y su impacto sobre la primera empresa del país.

Para el Congreso de los Pueblos es claro que Ecopetrol debe liderar la transición energética justa y por ende debe fortalecerse, no debería vender empresas estratégicas, por el contrario, debe generar empleo digno, capacitando la mano de obra actual y fomentando la producción y el uso de energías renovables. Es importante saber que piensa el expresidente de la USO Edwin Palma, hoy Ministro de Minas y Energía, quien por ley 226/95 suscribe de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda el listado enviado al Congreso de la República, así mismo peticionar a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., donde tiene asiento un representante de los trabajadores, el cual esta alineado a la facción que hoy dirige la USO, para conocer su postura al respecto. En conclusión, la responsabilidad frente a este asunto está en manos de quienes toman la decisión, o sea: el ministerio de Minas y Energía, y la Junta Directiva de Ecopetrol. Ojalá el ambiente generado y la desinformación al respecto no tenga como fin el cálculo político u oportunismo de algunos sectores en medio del debate electoral.

Para evitar la incertidumbre, la preocupación y el pánico en los trabajadores se hace necesario que MinMinas y el representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol precisen al país y a los trabajadores en particular si existe o no riesgo de enajenación de activos de Ecopetrol S.A y cuál es su postura oficial al respecto. Es Ecopetrol, la fuente del listado de activos incorporados, y MinMinas, que está facultada por la ley 226 de 1995, los que deben comunicar sobre los activos al Congreso, no es solo de Min hacienda sino de las dos carteras (Min Hacienda y MinMinas).

Por otro lado, sería muy importante que el país y los y las trabajadoras conozcan por parte del presidente Gustavo Petro los nombres de las organizaciones sindicales y de los dirigentes a los que de manera reiterada señala como empresarios de la tercerización de actividades de la producción de petróleo y gas en Colombia.

Desde el Congreso de los pueblos consideramos que es imperativo defender el carácter público y estatal de las empresas energéticas colombianas y que asuman estas, el liderazgo en la hoja de ruta de transición energética nacional, lo cual debe estar articulado y cohesionado a una estrategia regional desde América Latina y el Caribe armonizada con el sur global; para que nuestros territorios, comunidades y trabajadores/as no sigan siendo los sacrificados y quienes paguemos el costo en nombre de la transición. Nuestra lucha no es solo económica, es social, política, ambiental y persigue transformaciones estructurales en favor de la vida de la especie humana y del planeta.

 

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

PROPUESTA DE PAÍS PARA LA VIDA DIGNA

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